Prensa española demanda a Meta por competencia desleal y uso indebido de datos: qué está en juego

Qué reclama la Asociación de Medios de Información (AMI)

Hoy se ha iniciado en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid un proceso impulsado por la Asociación de Medios de Información (AMI) en representación de 83 cabeceras españolas. La demanda contra Meta Platforms —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— reclama más de 550 millones de euros por competencia desleal y por el presunto uso indebido de datos personales durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023.

Los fundamentos que articula la AMI son tres:

• Uso ilegítimo de datos personales: Meta habría tratado datos de navegación y comportamiento de millones de usuarios europeos sin una base legal adecuada, incumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
• Obtención de ingresos desleales: la AMI sostiene que el 100% de los ingresos publicitarios de Meta derivados de la segmentación de audiencias procedería de ese tratamiento masivo y no consentido de datos.
• Perjuicio a la prensa: al captar inversión publicitaria de manera ventajosa e irregular, Meta habría reducido los ingresos de los medios, poniendo en riesgo su sostenibilidad económica y, por extensión, la pluralidad informativa.

«ha construido su posición de dominio en el mercado publicitario despreciando la normativa concebida para proteger el derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos europeos […] estos comportamientos ponen en jaque la supervivencia de los medios de información, fundamentales para la calidad democrática de un país».

La directora general de la AMI, Irene Lanzaco, ha subrayado asimismo que «está en juego la protección de los derechos de millones de ciudadanos europeos cuyos datos han sido explotados sin consentimiento».

Contexto y precedentes en Europa

El litigio no surge en el vacío: en los últimos años las autoridades europeas han incrementado la presión regulatoria y sancionadora sobre las grandes plataformas por su uso de datos y por conductas en los mercados digitales. El Comité Europeo de Protección de Datos y la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda han sancionado en varias ocasiones a Meta por incumplimientos en materia de privacidad. En 2025 la Comisión Europea impuso además una multa de 200 millones de euros a Meta por vulneraciones del Reglamento de Mercados Digitales (DMA), sanción que la compañía ha recurrido.

En paralelo a la acción de la AMI, en España las principales televisiones (Atresmedia, Mediaset, Trece TV) y radios (SER, COPE, Onda Cero, RAC1) han presentado otra reclamación conjunta por 160 millones de euros por hechos semejantes. Fuera de España, en Francia un grupo de 67 compañías mediáticas —que representan cerca de 200 medios— ha demandado a Meta por prácticas similares y la Autoridad de la Competencia francesa ha abierto investigación por posible abuso de posición dominante en el mercado publicitario.

Todo ello sitúa el caso español en una ola más amplia de litigios y medidas regulatorias que cuestionan la arquitectura económica de la publicidad digital basada en la personalización a partir de datos de usuarios.

Implicaciones legales y económicas

Si prospera, la demanda de la AMI podría tener efectos en varios frentes:

• Jurisdiccional: una sentencia que reconozca competencia desleal o vulneración del RGPD por parte de Meta puede ser citada como precedente por otros tribunales y reclamaciones civiles en Europa.
• Compensatorio y reputacional: una condena económica relevante y el reconocimiento público de prácticas ilegales afectarían la posición de negociación de la plataforma frente a anunciantes y socios.
• Mercado publicitario: una eventual limitación de las prácticas de segmentación basadas en datos personales obligaría a anunciantes y plataformas a replantear modelos de atribución, medición y compra de audiencias, favoreciendo alternativas como la publicidad contextual o soluciones de privacidad centradas en el usuario.

Desde el punto de vista económico, probar el nexo causal entre el uso de datos no consentidos y la pérdida de ingresos de los medios es complejo: exige modelos de atribución, peritajes económicos y contabilidad comparativa que contabilicen cuánto de la inversión publicitaria habría ido a los editores en un escenario alternativo. La AMI afirma que la práctica de Meta afectó de forma decisiva a los ingresos de los medios; la defensa de la compañía alega que la caída de ingresos responde en parte a la incapacidad de los medios para adaptarse a la digitalización.

Análisis experto: cómo se prueba y qué desafíos técnicos y jurídicos presenta el caso

Para los equipos jurídicos y periciales que preparan este tipo de demandas, hay varios elementos clave a considerar:

• Pruebas de tratamiento de datos: reconstruir flujos de datos, cookies, identificadores publicitarios y prácticas de procesamiento entre 2018 y 2023 exige acceso a documentación técnica, registros de servidores, políticas de privacidad y, en su caso, declaraciones de antiguos empleados o contratistas con conocimiento directo de los sistemas de segmentación.
• Peritajes económicos: se necesitan economistas especializados en mercado publicitario que modelen contrafactuales (qué habría sucedido sin las prácticas denunciadas) y cuantifiquen pérdidas a partir de métricas de ingresos por impresiones, CPM, share of voice y tendencias del mercado digital.
• Valoración del consentimiento: bajo el RGPD, un eje del pleito será si la base jurídica para el tratamiento existía y si el consentimiento —cuando se invocó— era válido, informado y específico. La evolución de las guías regulatorias y sanciones previas a Meta por las autoridades de protección de datos será material probatorio relevante.
• Competencia desleal y daño a la pluralidad: acreditar un daño patrimonial directo y un nexo con la pérdida de independencia informativa de los medios exige pruebas económicas y testimoniales que vayan más allá de argumentos políticos o sectoriales.

Para los equipos de defensa, las líneas habituales pasarán por cuestionar la metodología de cuantificación, presentar argumentos sobre la evolución estructural del mercado publicitario (móviles, programática, fragmentación de audiencias) y resaltar inversiones en productos y servicios por parte de Meta. Para la parte demandante, la fortaleza del caso dependerá de la calidad de las pruebas técnicas y de la solidez de los peritajes económicos.

Recomendaciones prácticas para medios, reguladores y abogados

El litigio es también una llamada de atención práctica. Recomendaciones por interlocutor:

• Para los medios:
  • Priorizar la consolidación de ingresos propios: suscripciones, membresías y modelos de paywall bien segmentados.
  • Desarrollar capacidades de first‑party data y políticas de privacidad transparentes que permitan una oferta de publicidad directa y consensuada con audiencias.
  • Adoptar formatos de publicidad contextual y alianzas tecnológicas que reduzcan la dependencia de la segmentación basada en terceros.
• Para los reguladores:
  • Coordinar sanciones y criterios de interpretación del RGPD y del DMA para evitar vacíos jurisdiccionales entre Estados miembros.
  • Promover transparencia en algoritmos de segmentación publicitaria y prácticas de medición de audiencias.
• Para abogados y peritos:
  • Preparar inventarios de evidencia técnica, acuerdos comerciales y flujos de ingresos; diseñar modelos de daño claros y replicables.
  • Anticipar defensas sobre neutralidad de mercado y presentar contraanálisis sobre la causalidad económica.
• Para anunciantes:
  • Revisar dependencia de segmentación basada en datos de terceros y explorar soluciones de compra que respeten la privacidad y la transparencia.

Conclusión

La demanda de la AMI contra Meta plantea un choque entre dos realidades: la dependencia de la prensa en la inversión publicitaria digital y el modelo de negocio de las grandes plataformas basado en la segmentación por datos. Más allá de la cifra reclamada —más de 550 millones de euros—, el caso puede sentar jurisprudencia sobre el límite entre la personalización publicitaria y la protección de datos, y sobre cómo se compensa a sectores afectados por prácticas de plataformas digitales.

Independientemente del resultado, los medios, los reguladores y los operadores publicitarios deben prepararse para un entorno en el que la legalidad del uso de datos y la transparencia en la compra de audiencias sean factores determinantes para la viabilidad económica y la confianza pública.

Source: www.genbeta.com